El Archivo Historico; La Memoria de la Ciudad, Parte 1

 

El archivo municipal se compone de dos acervos: el de concentración del municipio, y el histórico que proviene del juzgado mixto de primera instancia.

Por un lado, en la década de 1970 con los presidentes Carlos Gama Morales y Manuel Gaviño Regil, el archivo municipal aún se encontraba al fondo de la planta alta del palacio municipal, subiendo la escalera a mano izquierda. En el desván, gradas abajo, el cual, era un cuarto ex profeso para guardar documentos antiguos. Los paquetes estaban en atados envueltos en papel manila, que ostentaban los años de su contenido sobre estanterías de madera color verde, de techo a piso. Este archivo lo organizó Eugenio Verástegui en 1950, a solicitud del entonces alcalde Pedro Hernández de la Vega. Es posible que don Eugenio se hubiera documentado ahí para escribir sus libros.

Por 1986, durante la administración de Irene Martínez, el archivo antiguo municipal se trasladó a los terrenos de “La Feria”. Alguien ordenó su destrucción. Se cuenta que los documentos duraron quemándose varios días.

La documentación existente es relativamente nueva, de esa fecha para acá; a excepción de los libros de actas de cabildo, que datan de fines del siglo XIX y XX y que aún para 1990 se encontraban completos, a excepción de uno o dos libros; en ese entonces, Inés Verástegui sacó de dichos libros, la cronología de los presidentes con sus respectivos cabildos y concejales. 

Por otro lado, se cuenta con el archivo antiguo del Juzgado Mixto de Primera Instancia, que es el histórico, estuvo en un cuarto- bodega a un lado de las oficinas del Juzgado, en calle Escandón, casi esquina con Reyes a un lado del juzgado; donde la autoridad judicial lo guardaba con mucho celo, tras una maciza puerta de mezquite, junto con los instrumentos de delitos, afectos a diversos procesos. De esa bodega, solo tenía llave el Juez y la confiaba al secretario de la Mesa Penal cuando iba a guardar objetos o a buscar expedientes.

 El archivo se conservaba bajo una capa de polvo viejo, pero completo, abarcaba desde 1849 hasta 1968. Contenía todo tipo de juicios: civiles, mercantiles, criminales, testamentarios, protocolos de escribanos públicos, denuncios de minas de todo el Partido, edictos, índices y correspondencia entre otros. También se encontraba legajos y documentos coloniales que no alcanzaron a quemarse por completo, cuando al 9 de marzo 1849, Eleuterio Quiroz y sus alzados de Sierra Gorda, tomaron la ciudad, vencieron la resistencia que encabezó el capitán Benito Ponce, y su contingente de soldados. Incluso, en aquel ataque, en defensa de la ciudad cayó muerto el propio capitán Benito Ponce, en la actual calle Gabriel Martínez. (Antes Ponce).

 Una vez que Eleuterio Quiroz se adueñó de la plaza, sus tropas saquearon los comercios, y como en el juzgado se instruían varias causas criminales en contra de los insurrectos, le prendieron fuego a los procesos y a la documentación virreinal. Aún se encuentran expedientes a medio quemar que datan de la Colonia y de la Independencia, que los vecinos salvaron del fuego después de que se retiraron los serranos.

               El segundo daño empezó en 1991, cuando Fausto Izar Charre, en su segundo periodo como presidente (1989-1991) remodeló la esquina de la Cárcel Distrital, así como la bodega donde se alojaron por más de un siglo los documentos antiguos. Es el caso, que para efectuar obras de acondicionamiento del edificio (que ahora se le conoce como IMAC), el archivo se trasladó de dicha bodega a las oficinas que la policía Judicial rentaba, ubicadas en la misma calle Escandón, pero en la siguiente cuadra, era la casa de dos plantas que construyó don Manuel Rubio, un español que llegó a tener una panadería, por eso al inmueble se le conocía como “La Casa de los Rubio”, después lo adquirió Salvador Ramírez.

 Ahí en un salón, el archivo del juzgado quedó disperso. Durante las 24 horas del día, entraban y salían policías. Cabe aclarar, que el acervo contenía máquinas de escribir antiguas, diversas armas de fuego: carabinas, rifles, pistolas, cartuchos, además, sables, cuchillos, entre otros objetos afectos a los procesos, estos del sXIX y principios del XX. Los objetos fueron sustraídos por algunos elementos policiacos, quedando solo los documentos, pero aún en atados y en orden como se habían mantenido desde hacía mucho tiempo.

 El agente del Ministerio Público de aquella época le avisó al juez de Primera Instancia, licenciado José Luis Salgado Palma.

–Señor Juez, están maltratando su archivo ahí donde está, en la comandancia de la policía Judicial. Además, se están robando los instrumentos del delito, haga algo, ¿Qué no tiene donde guardarlo? ¡Póngalos en un lugar seguro, por favor!

–Esos procesos ya no tienen movimiento alguno, carecen de importancia para el juzgado, todos se encuentran prescritos o son cosa juzgada. Usted hágase usted cargo de eso, –contestó el juez.

 Dio el caso, que la familia Ramírez pedía que le devolvieran la posesión de la Casa de los Rubio.

–No se le puede entregar por ahora, porque aquí está el archivo judicial, y no se cuenta con un lugar adecuado para su resguardo; incluso, Inocencio Noyola, el director del Archivo Histórico “Antonio Rocha Cordero”, de la ciudad de San Luis Potosí se negó a recibirlo en comodato, contestando: este edificio es exclusivo para documentos de la ciudad capital, y no para los municipios. Incluso, ante este problema, el licenciado Pedro Morales Sifuentes ofreció facilitar de manera gratuita un espacio en un edificio de su propiedad, pero se consideró que el archivo es un bien público, y debe permanecer en oficinas o bodegas de gobierno.

 «Por Justiniano, Ulpiano y el maestro Ignacio Burgoa, si la autoridad no se debe dejar presionar. Que se esperen, hasta que encuentre un lugar seguro.»

 Ante esta negativa, los propietarios de la en otrora “Casa de los Rubio” fueron a quejarse con el presidente municipal, Fausto Izar Charre, quien, para satisfacer la petición que le hacían; incluso, de uno de sus sobrinos, el edil pidió que el archivo del juzgado, se resguardara en la presidencia municipal, se le contestó:

–Don Fausto, pero ¿dónde va a resguardar todo eso?, comprenda que es una documentación muy importante para la historia de Rioverde.

 –Usted no se preocupe, aquí en el edificio de la presidencia contamos con espacio suficiente para acomodarlo, y estará con bastante seguridad. Lo pondré ahí donde estaban las oficinas de Reclutamiento, que atendía don Teofilito. Voy a enviar por la documentación ahora mismo, para que ya entregue esa casa a su dueño.

 De tal suerte, que el 19 de noviembre de 1991, el archivo antiguo del Juzgado pasó en custodia al ayuntamiento, y sin inventario alguno. El personal del municipio lo trasladó a los pasillos del edificio de la Presidencia Municipal. Sin embargo, los documentos quedaron amontonados en el piso casi a la intemperie, y algunos visitantes se llevaban como una curiosidad los papeles sin que nadie les dijera nada.

Ante las protestas de algunas personas y la denuncia de los medios de comunicación, el archivo histórico se trasladó a un local ubicado en las instalaciones de La Feria, FERERIO, ahí, aún se encontraban los expedientes con sus atados originales.

 En la administración del Lic. Pedro Luis Naif Chessani, (1992-1993), el nuevo edil creó la Dirección del Archivo Municipal y nombró como directora a Inés Verástegui, hermana del historiador Eugenio Verástegui González y Obregón. Para tal efecto, el municipio rentó un local ubicado, donde fue el “Teatro Hidalgo”, entonces el archivo antiguo del juzgado se juntó con el municipal de los últimos 15 años.

José J. Alvarado

Soli Deo Gloria